RECLAMACIÓN DE CANTIDADES ENTREGADAS A CUENTA DE LA COMPRA DE VIVIENDAS

jueves, 8 de junio de 2017

En la crisis inmobiliaria, de la que muy lentamente vamos saliendo, muchos de los compradores que habían contratado su vivienda sobre plano, o incluso ya iniciadas las obras, se encontraron de repente conque habían perdido el dinero invertido al desaparecer - o quebrar - la Promotora o Cooperativa a quienes adquirieron sus inmuebles, perdiendo sus ahorros y todas las ilusiones puestas en la adquisición.

Ante esta situación, algunos compradores que plantearon reclamaciones tuvieron un nulo resultado por la situación de insolvencia de las promotoras . Sin embargo y poco a poco, y gracias a  la labor incisiva de abogados expertos hemos conseguido abrir una nueva vía Jurisprudencial  y obtener, así, una solución eficaz al gravísimo problema generado a los compradores.

Como no podía ser de otro modo, dicha solución ha llegado después de un largo proceso en que se han planteado multitud de procedimientos judiciales que, en diferentes etapas y escalones, consiguieron que las sucesivas resoluciones judiciales emitidas fueran haciéndose eco de los argumentos y solicitudes de los abogados de parte, de modo que, finalmente, los derechos de los compradores se han visto reconocidos por una vía hasta entonces no aplicada y, como decíamos antes, de forma práctica y eficaz.

La Jurisprudencia se ha ido consolidando en el sentido de considerar que: las entidades financieras y bancarias en las que se ingresó por los promotores - o los propios compradores - el importe de las cantidades a cuenta de la compra de sus viviendas, son responsables, porque debieron garantizar aquéllas a pesar de que ni las promotoras ni los compradores  lo hubiesen exigido así, y ello en cumplimiento de la legislación vigente y, muy especialmente la Ley 57/68 de 27 de Julio, reguladora de la percepción de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas.

Lo que pretendía la Ley 57/1968 (promulgada hace ya cuarenta y seis años) es garantizar la devolución del dinero entregado por el comprador de la vivienda, sí la construcción no llegara  a iniciarse, o si no concluye en el plazo previsto, o no llega a obtenerse la cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación, para la vivienda. Previsiones que más tarde se vieron también corroboradas por la Ley de Ordenación de la Edificación.

Para la obtención de dicho propósito la ley establece, fundamentalmente, dos medidas con el fin de, en primer lugar, intentar garantizar que las cantidades que se entreguen a cuenta del precio final de la vivienda durante la construcción de la misma se dediquen, efectivamente, a sufragar los gastos de dicha construcción y, en segundo lugar, para garantizar la devolución de las cantidades entregadas anticipadamente más los correspondientes intereses para el caso de que las obras no llegaran a iniciarse o no concluyeran en el plazo previsto o no se obtuviera en plazo la correspondiente autorización administrativa para el uso de la vivienda.

Pero esta Ley protectora de las personas que anticipan el pago de sumas de dinero para la compra de una vivienda en la fase de planificación o construcción, establece obligaciones no solo para el Promotor Inmobiliario, sino también para la Entidad bancaria - o Caja de Ahorros - que percibe las cantidades anticipadas por los adquirientes.

Así lo fueron entendiendo, inicialmente de forma tímida, los Tribunales de instancia, cuyas resoluciones fueron sancionadas de forma mayoritaria por las Audiencias Provinciales de todo el país, hasta llegar a la Sentencia dictada del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 13 de Septiembre de 2013 y consolidándose, definitivamente, los criterios por la Sentencia dictada por el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2015.  

 

Tras el largo y arduo camino que supone emprender acciones novedosas ante los tribunales - como es sabido, la realidad va muy por delante de la justicia -, hemos llegado al momento actual en que hemos empezado a conseguir que alguna entidad bancaria acceda ya, de forma extrajudicial, al pago de la cantidad “perdida” por el fallido comprador, con sus respectivos intereses, además del consiguiente ahorro en tiempo para nuestros clientes.

En cuanto a los gastos, prácticamente en el 99% de las sentencias judiciales venimos obteniendo la condena en costas para la entidad bancaria o financiera renuente al pago, con lo cual el comprador no tiene costes efectivos por la reclamación entablada.