A VUELTAS CON EL IMPUESTO DE SUCESIONES

lunes, 30 de julio de 2018

 A VUELTAS CON EL IMPUESTO DE SUCESIONES EN RELACION CON LAS EMPRESAS FAMILIARES

Es de público conocimiento que el tejido empresarial asturiano está formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, en su mayoría de carácter familiar.

La legislación tributaria, en teoría, ampara la sucesión familiar en este tipo de empresas estableciendo una exención del 95%  del Impuesto de Sucesiones para los herederos de sociedades .   Y decimos en teoría porque, en la práctica , al ser las comunidades autónomas las encargadas de su aplicación, nos encontramos con que éstas intentan por todos los medios eliminar dichas ventajas buscando excusas cuya falta de justificación obliga a los contribuyentes a solicitar el  amparo de los Tribunales a fin de que pongan las  cosas en orden.

Y así nos encontramos con situaciones tan peregrinas, como las que me he visto obligada a defender, en la que tras haber efectuado la liquidación del Impuesto de Sucesiones la propia Administración Tributaria Autonómica, a solicitud de los herederos ( en este caso la viuda), días antes de la prescripción de la deuda puntualmente satisfecha en su día por la viuda, la Hacienda Autonómica rectifica de oficio su propia liquidación y gira una nueva complementaria, al estimar la Administración que “donde digo digo , digo diego” y en consecuencia ahora no encuentra justificada la aplicación de la exención del 95% que ella misma aplicó porque, si bien reconoce que el causante se había dedicado profesionalmente a las sociedades familiares, durante el último año de su vida, ( uno de los requisitos exigidos para que se aplique la exención)  no había percibido su retribución directamente de las empresas familiares .

La Hacienda Autonómica justifica su decisión en que  el fallecido, durante ese lapso de tiempo estuvo de baja por enfermedad que le causaría la muerte y en consecuencia había percibido su retribución directamente de la Seguridad Social al estar en situación de baja por enfermedad. Y por lo tanto no se cumplía uno de los requisitos para aplicar la exención del 95% cual era que debía percibir sus ingresos de la empresa familiar.

¿Qué solución tienen los herederos ante supuestos de este tipo que se dan con mucha mayor frecuencia de la que pudiera pensarse? Pues no les queda otra que litigar  a fin de anular la liquidación de la Administración. Pero esta solución sitúa al contribuyente en una posición de indefensión absoluta con consecuencias en muchos casos ( como el que narro ) absolutamente perjudiciales para su salud ( cayó en una depresión )  al verse sin bienes ni recursos para continuar con su vida .

Y ello porque las liquidaciones de las Haciendas Públicas son ejecutivas y por lo tanto, las que resultaron en nuestro caso, de eliminar la exención del 95% del impuesto, absolutamente inabordables. Con lo cual, la viuda se vio de la noche a la mañana por un criterio en absoluto justo de la Administración, obligada a vivir durante tres años con todos sus bienes embargados incluida su pensión y su vehículo del que se llegó a pedir la entrega , y  con sus ingresos totales reducidos al salario mínimo interprofesional, con lo que debido al nivel de vida en el que estaba situada, no tenía recursos no solo para moverse de su casa, una vivienda con jardín a las afueras de la ciudad, sino que a duras penas podía atender los gastos de calefacción y electricidad.

La buena noticia es, que supuestos como el que acabo de narrar, han obligado a los contribuyentes a litigar hasta llegar al Tribunal Supremo, quien ha situado nuevamente la interpretación de la norma en el lugar del que nunca debió salirse, y ha publicado recientemente dos sentencias que suponen todo un alivio fiscal para las empresas familiares.

Una de ellas, en relación con  la tributación de la Comunidad de Madrid, y más en concreto  con las hijas  del director de cine José Luis Cuerda, a las que la Comunidad de Madrid les negaba la posibilidad de acogerse a la bonificación fiscal por la herencia de su madre.  Y la otra, precisamente relativa a la Hacienda del Principado de Asturias.

En sus sentencias, el TS comienza recordando la finalidad de esta bonificación, que es “favorecer exclusivamente a patrimonios empresariales que reunieran ciertos requisitos a través de los que se exteriorizaba su carácter 'familiar', con independencia de que se tratara de una empresa individual o de participaciones en entidades". En consecuencia_ continúa la Sala_ ante la duda, siempre se ha de estar a la interpretación finalista de la norma, de manera que si lo que se pretende es la concesión de un beneficio a las empresas familiares que facilite en lo posible su transmisión evitando una eventual liquidación para el pago del impuesto de donaciones lo lógico es interpretar la norma de una manera tendente a dicha finalidad.”  

Ambas sentencias recogen literalmente lo que dice la ley al respecto de la obligación de tener participaciones sociales para disfrutar de la exención del 95%  , huyendo de interpretaciones que pretendan restringir la finalidad de la norma que no es otra que proteger los patrimonios familiares empresariales que tantos puestos de trabajo crean y mantienen.

Así lo ha reiterado la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (sentencias número 1204/2016, de 26 de mayo y 1776/2016, de 14 de julio, respectivamente, de las que ha sido ponente el magistrado Martínez Micó). Habiéndose dictado previamente otra  de 18 de enero de 2016, de casación unificación doctrina 2316/2015, también sobre la interpretación de la norma, en relación esta última con una liquidación de la Hacienda del Principado de Asturias , en supuesto similar al narrado por nosotros, y que resultó anulada.

Los partidos políticos, de uno y otro color, abanderan la exención en un 99% del impuesto de sucesiones en los casos en que se trata de transmisión de empresas familiares, sabedores del daño que tal impuesto genera directamente sobre la operativa de las empresas puesto que el dinero destinado por sus socios al impuesto, es dinero que no entra en el patrimonio empresarial, pero tal regulación no acaba de materializarse.

Finalmente una advertencia: en general , los empresarios son conscientes de la carga impositiva que en el Principado supondrá su sucesión y así , preguntados acerca de si tenían planteado “el tema de su sucesión” todos suelen responder con seguridad y aplomo de forma afirmativa.

Pero lo cierto es , que en la mayoría de los supuestos, verificada la cuestión, no cumplen los estrictos requisitos que marca la norma. Porque no solo hay que tener en cuenta la realidad, sino la forma que ha  de dársele de cara a que en su día pase el filtro inquisidor de la Hacienda Pública, bajo la luz de la legislación fiscal.

 

En definitiva, aun sabiendo que el tema de la sucesión es un asunto espinoso,  partiendo del supuesto de que la persona con la que estás hablando deje de existir, conviene abordar la cuestión como si de otra estrategia empresarial  más se tratase a fin de evitar   que, vía impuestos, se pueda llegar a ir más de una tercera parte del patrimonio. Y llegado el caso, cómo conseguir liquidez para afrontar el pago si todo está invertido, en especial en bienes inmuebles,  dada la situación de crisis inmobiliaria en la que llevamos años instalados.